De la página 35 del SEMANARIO DEMOCRACIA del 08/05/2013.
Normal
0
21
MicrosoftInternetExplorer4
CROMANON: LA PESADILLA CONTINUA
En agosto, casi 2.000 pacientes crónicos con secuelas de la tragedia dejarán de
cobrar los $600 de ayuda. Qué aduce el gobierno porteño sobre el recorte. Los
juicios por cierre del padrón de beneficiarios. El drama del estrés
postraumático.
Por Roberto Tassara
Cuando la Subsecretaría de Derechos
Humanos del gobierno porteño recibió la petición del proyecto de ley
reivindicando el carácter de “víctimas” de los sobrevivientes de la tragedia de
Cromañón, lejos de micrófonos
indiscretos se oyó decir a un joven funcionario PRO: “Es la mochila que nos
dejó Aníbal...”.
Se refería, claro, al
antecesor del actual jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, que gobernaba la Ciudad
cuando sucedió el incendio con casi 200 muertos y no menos de 1.890 heridos y
psicofísicamente dañados, que es la cifra de víctimas sobrevivientes que aún
cobran el subsidio.
El jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta
advirtió que en agosto próximo el gobierno porteño dejará de pagar ese subsidio
a las víctimas del 30 de diciembre de 2004, que no han dejado de padecer
traumáticas secuelas del incendio.
El cese del beneficio, cuyo
monto de $600 permanece congelado desde 2005, según las autoridades es
necesario para afrontar los gastos derivados de la transferencia del
subterráneo.
Otro motivo esgrimido por la Subsecretaría de
Derechos Humanos que conduce Claudio Avruj es que las secuelas padecidas por
quienes salieron con vida del incendio no deberían considerarse crónicas, pese
a que una consultora convocada por el propio gobierno había reconocido que se
trataba de pacientes crónicos y que como tales seguían necesitando contención
profesional.
Desde la reducción en 2007 del ex Ministerio de
Derechos Humanos a Subsecretaría, el gobierno porteño ha venido retrocediendo respecto de la
responsabilidad del Estado de la Ciudad frente a las consecuencias de un
siniestro sucedido en su distrito y por derivación de graves irregularidades
cometidas por sus funcionarios de entonces, aparte de la corrupción de los
privados.
La responsabilidad estatal
no merma con la llegada de una nueva administración. La “mochila” no es asunto
de un gobierno, sino del Estado.
Desde la llegada de Mauricio Macri al gobierno se
han registrado atrasos en la liquidación del beneficio y la baja de 400
beneficiarios.
Tampoco ha accedido al pedido de elevar el monto a $940 desde enero de
este año.
“El ingeniero Macri, cuando quiere justificar los incrementos de los impuestos,
las tarifas y los sueldos de sus funcionarios, que se cuadruplicaron en estos
últimos ocho años, habla de la inflación, pero parece olvidarla cuando se trata
de actualizar el monto de las víctimas sobrevivientes”, dijo Ernesto Lemos,
presidente de la ONG “Cambiar esta realidad”.
Esta asociación civil, creada en 2005, fue la
primera en ser reconocida oficialmente como dedicada a velar por la salud
psicofísica de las víctimas sobrevivientes.
“No solo se niegan a actualizar el monto –continuó Lemos– sino que ahora la subsecretaria de Derechos Humanos
nos dice que Macri no quiere pagar más los subsidios, porque ya pagaron ocho
años y nos dan los medicamentos, pero
no tienen en cuenta que también abarcaba atención psicológica, psiquiátrica y
traslados.
Un gran porcentaje de sobrevivientes son de
provincia y hay mucha gente que se atiende en lugares privados y los $600 no
alcanzan, este monto nunca se tocó; antes significaba el 80 por ciento de un salario básico, pero ahora
representa solo el 15 por ciento”.
Lemos tiene tres sobrevivientes de Cromañón en su familia: su hijo Federico (32
años), la pareja de este, Marina (30), y su yerno Pablo (30). En la redacción
de este semanario explica que “ellos, igual que otros sobrevivientes, a veces
no están en condiciones de hablar sobre el tema en los medios, porque los
afecta anímicamente”.
A Lemos lo acompañó Alberto
Segundo Suárez, cuyo hogar también fue atravesado por la tragedia del 2004. Sus
hijos Alberto José (34) y Sebastián Guillermo (30) y sus respectivas parejas
cargan con el “privilegio” de haber salido vivos del local incendiado.
Lemos explicó también que
las víctimas sobrevivientes sufren “estrés postraumático” que afecta su
resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse a esas secuelas.
Juicios por venir.
Para las autoridades, los sobrevivientes del
fatídico recital de Callejeros son testigos molestos, además de una carga
presupuestaria.
Y como señaló Suárez, esa carga podría agravarse con
los reclamos por “el cierre, en 2007, del padrón de beneficiarios del subsidio.
Ahora –remarcó– hay mil sobrevivientes pidiendo la
reapertura del padrón, que ante la negativa van a demandar judicialmente al
Estado.
¿Por qué hacer pagar a los
contribuyentes esos mil juicios cuando sería más fácil abrir el padrón e
incorporar a quienes tengan las condiciones requeridas para el subsidio?”.
“La verdad es que todavía no se sabe
cuántas personas había aquella noche en el local, pero el gobierno no quiere
averiguarlo sino todo lo contrario, quiere terminar con el subsidio”, afirma
Lemos.
Sin embargo la Subsecretaría de DD.HH., ante dos solicitudes
presentadas por personas que acreditaron ser sobrevivientes, accedió a
inscribirlas.
Se trata de Facundo Dirna,
quien presentó copia de la entrada al local en la fecha del siniestro e
informes psicológicos de 2005, 2006 y 2008, habiendo sido asistido en el
Hospital Pirovano.
Por Resolución nº 224 de 2012 firmada por el subsecretario Avruj, el organismo
admite la solicitud según legislación vigente reconociendo la obligación del
Estado de “proveer a las víctimas y familiares del siniestro los recursos
necesarios a fin de garantizar su traslado, tratamiento, provisión de
medicamentos y realización de prácticas médicas (...) hasta que al paciente se
le otorgue el alta médica y social”.
El alta “social” es un
tecnicismo que debe traducirse como superación de la imposibilidad de conseguir
empleo o estudiar.
El solicitante fue reconocido como acreedor al subsidio retroactivo desde
agosto de 2011 a julio de 2012.
Otro pedido aceptado fue el de Sergio Albornoz, cuentapropista, cuya “aptitud
laboral” resultó “afectada” por las secuelas de la tragedia y que como
derivación de la misma tiene “necesidad de tratamiento prolongado”.
Al momento de la solicitud, el peticionante “no se encuentra bajo ningún
tratamiento médico ni psicológico”, por carencia de recursos.
A contramano de lo que se acaba de consignar, el gobierno decidió eliminar el
subsidio a los sobrevivientes por considerar, según afirmó Suárez, que “de
aprobarse esa ley para seguir renovando automáticamente el subsidio, sería como
cronificar la victimización, o sea lo opuesto a la política de superación del
conflicto postraumático.
El gobierno no quiere reconocer a nuestros hijos
como víctimas, no asume que son pacientes crónicos”.
Para informarse de la problemática
de los sobrevivientes, el gobierno contrató a la consultora Red Iberoamericana
de la Cátedra Unesco de Bioética que preside el eminente psicólogo y médico
Moty Benyakar, especialista en estrés postraumático.
Según los familiares de las víctimas, Benyakar “dijo que a esta altura, son
pacientes crónicos”; es decir, que deben ser tratados de por vida.
“Un trabajo sobre las historias clínicas de los sobrevivientes fue enviado a un
congreso internacional de estrés postraumático en Berlín –detalló Suárez–. El
trabajo entró por concurso, lo cual es un mérito.
El congreso también evaluó que los chicos son pacientes crónicos.
De modo que ahora no
se entiende cómo el gobierno de Macri elimina el subsidio porque no habría que
cronificar la victimización. Con ese criterio, mañana le negarían la insulina a
los diabéticos...”
